En América Latina y el Caribe urgen cambios legales que garanticen el aborto libre y seguro; la realidad actual demuestra que la libre opción de las mujeres está coartada por leyes punitivas, influencias religiosas y presiones externas como la Ley Mordaza reinstaurada por Bush.
Cada año en la región ocurren 4 millones de abortos inducidos, la mayoría clandestinos.
Esto afecta especialmente a mujeres de menores recursos y adolescentes, quienes carecen de acceso a información, servicios y métodos de prevención de embarazos no deseados.
En el Distrito Federal se aprobó este año la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, en el primer trimestre a demanda de la mujer, agregándose a otras causales impunes como violación, y daño a la salud y vida de la madre. Esto ha marcado no solo al país sino a la región, y fue producto de un trabajo político de las organizaciones de mujeres, en alianza con otros sectores de la ciudadanía.
A pesar de que se están llevando a cabo las ILE en hospitales del sector público y hasta ahora más de 2 mil mujeres han sido atendidas, está pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y la Procuraduría General de la República, PGR.
1 comentario:
siemore kon esos temas karla esta padre y las imagenes tambien soy beto se me olvido mi kontraseña
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